- COMUNIDADES SE PRESENTAN ANTE EL OBISPO DE SUCRE CRISPINIANO CLAVIJO
LAS comunidades del proceso de la nueva evangelizacion de la ciudad de Corozal -Sucre -Colombia nos reunimos el día de ayer como es tradicional en el encuentro de comunidades, esta vez contamos con la presencia del nuevo obispo Crispiniano Clavijo de la diócesis de Sincelejo
El obispo nos hizo un llamado de alerta a estar al lado de JESÚS a pensar y tener una fe solida en èl ante los ataque muy fuertes de esa corriente del LAICISMO que busca atacar la base de una sociedad como lo es la FAMILIA con los últimos fallos aprobados por los organismos del estado.
La hermana de pueblo NAKARIT MEJÍA LOPEZ también estuvo y aprovechò para la foto del recuerdo con el obispo
El proceso de la nueva evangelizacion viene siendo dirigida por la parroquia cuyo parro es el padre MARIO SOTOMAYOR
DÍA CON LIGERA LLOVIZNA Y FRIÓ
El día lunes festivo 16 de noviembre se presento un día muy fresco con llovizna y frió en la región de Sucre
ENTREGAN COMPUTADORES
El dia viernes 13 de noviembre hicieron entrega de computadores en la Gobernacion de Sucre a los colegios del municipio de El Roble que hacemos parte de los Proyectos Ondas Tic Sucre. Mi colegio fue premiado con 25 computadores portátiles gracias a 2 proyectos un el ambiental con los niños investigadores LOS "GUARDIANES DEL AGUA"A los cuales vengo acompañando y el otro linea social que acompañan el profe Orlando Guevara.
Este proyecto Ondas trajo ventajas a la comunidad educativa uno con la entrega de los computadores y el otro la llegada de la conectividad,,pero el objetivo fundamental como era el proyecto de investigación de los niños en un gran numero de proyectos no se concluyo por la no llegada a la fecha de los recursos y el abandono de los asesores del programa a quienes no le renovaron el contrato.
La siguiente es una noticia sacada del periódico EL TIEMPO.COM
'Qué
agradable era el país cuando solo robaban los ladrones': Gossaín
Me
duele en el alma tener que decirlo, pero el país apesta por los cuatro costados.
Por: JUAN GOSSAÍN | 11:36 p.m. | 15 de noviembre de 2015 Ya sabemos que aquí no hay justicia. Pero
tampoco se aplica la sanción social.
Foto:
Fernán Pérez
Ya
sabemos que aquí no hay justicia. Pero tampoco se aplica la sanción social.
La
corrupción está fuera de control y, sin embargo, nosotros la toleramos como si
fuera la cosa más natural del mundo. Aquí la gente bloquea la entrada de un
pueblo porque la carretera no sirve. Aquí arman un desfile por la principal
avenida del barrio porque los vecinos llevan tres días sin señal de televisión.
Pero aquí nadie se indigna ni protesta porque no hay justicia. Y la justicia es
el más importante de todos los servicios públicos.
Por
amarga y triste que sea, la verdad escueta es que nos hemos acostumbrado a
vivir entre la inmundicia, y a convivir con ella. Como en el tango de
Discépolo, “cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”, y en la Colombia
de estos tiempos “da lo mismo ser derecho que traidor”. (Lea aquí: Los mares de
Colombia se 'ahogan' en basura)
Las
investigaciones internacionales más confiables confirman que Colombia es, según
la percepción de sus propios habitantes, que llega ya al 79,6 por ciento, el
segundo país más corrupto de América, de toda América, desde Alaska hasta la
Patagonia. Solo nos supera Venezuela, con el 80 por ciento, lo cual significa
que apenas nos separan cuarenta centésimas.
Es
tan vertiginosa la sensación ciudadana de que la inmoralidad nos está devorando
que en el 2010 era del 56 por ciento, lo que significa que en solo cinco años
aumentó un 23,6 por ciento. Según las respuestas que dan los propios
colombianos, la corrupción es tan grave que le hace más daño al país que otras
desgracias nacionales, como la violencia o el desempleo.
Lo
más inquietante es que, lejos de reducirse, cada día surgen nuevos escándalos,
más preocupaciones, peores estrépitos, mayores vergüenzas. Para esta crónica
escogí tres o cuatro casos de la última semana, antes de que sean sepultados
por otros y nadie vuelva a acordarse de ellos, arropados por el olvido, que es
lo más conveniente para los culpables.
La electricidad
En
diciembre del 2006 el Gobierno decretó un tributo al consumo de energía
eléctrica, llamado “Cargo por confiabilidad”. Desde entonces, hace nueve años,
los usuarios han tenido que pagarlo obligatoriamente, cada mes, al cancelar su
factura. Nos dijeron que esos fondos servirían para garantizar que, en caso de
escasez de agua, como está ocurriendo ahora, pudiéramos contar con la capacidad
suficiente para producir energía distinta a la hidráulica, con reservas de gas,
carbón y líquidos derivados del petróleo. (Vea: Pueblos inesperados y letreros
curiosos en un viaje por dos carreteras)
Como
en este preciso momento el fenómeno del Niño se ha agravado, escasean las
lluvias y nos anuncian nuevas alzas en las tarifas y probables racionamientos,
ahora es cuando los colombianos queremos saber en qué se gastaron nuestro
dinero.
Ahora
que se necesita esa plata queremos saber dónde diablos está. Que nos digan si
fue invertida en lo que corresponde, es decir, en aquello que sirva para evitar
apagones y carestías. El asunto es tan delicado que el propio procurador
general, Alejandro Ordóñez, pidió públicamente que nos expliquen qué fue lo que
hicieron con más de 16 billones de pesos –16 millones de millones, nada menos–
que en los últimos 108 meses fueron recaudados para el “Cargo por
confiabilidad” (¿confiabilidad? No me hagan reír).
Un cobro excesivo
Investigando
por todas partes, me detengo a conversar con un auténtico experto en la
materia. Es uno de los funcionarios más importantes y respetados del sector
eléctrico. Le pido que hablemos con franqueza.
–Con
crudeza, si usted quiere –me dice–, y con el corazón en la mano. (Lea: Busetas
y buses, un lienzo para plasmar el arte popular)
Me
pide que le garantice la reserva de su nombre. Le doy mi palabra de honor.
–En
el año 2006 se acordó el cobro de esa sobretasa como una especie de seguro que
pagarían los usuarios. La idea era evitar que el fenómeno del Niño volviera a
sorprendernos y se repitieran los terribles apagones de 1992.
Lo
malo es que el Gobierno permitió que todo el mundo metiera su mano en la
preparación de los decretos, se impusieron los intereses económicos, cada uno
cortaba su propia tajada y nadie se acordó de la gente anónima que paga los
recibos.
–Por
eso –agrega mi interlocutor–, lo que el usuario ha pagado en estos nueve años
para el “Cargo por Confiabilidad” es un exceso bárbaro. Lo que le cobran
mensualmente es desproporcionado.
‘Ya
es muy tarde’
–¿Y
aun así –le pregunto–, estamos en riesgo?
–Es
que el plan quedó tan mal diseñado que ahora van a tener que subir las tarifas,
uno de los riesgos que se trataban de evitar cuando se impuso ese sobrecargo.
El otro es el racionamiento, y tampoco estoy seguro de que lo podamos impedir.
El
panorama se ve más sombrío a medida que seguimos charlando. Entonces le pido su
opinión sobre las recientes medidas tomadas por el Gobierno para evitar un
racionamiento eléctrico en el futuro inmediato.
–Esas
medidas –me contesta–, que tantas reacciones han provocado entre los
ciudadanos, son un poco tardías. Tenían que haberlas tomado hace tres o cuatro
meses. Es probable que ya no surtan efecto.
–Y
si eso se sabía –le pregunto–, ¿por qué no las tomaron en aquel momento?
Pone
una dolorosa cara de tristeza. Baja la voz. Hay algo de amargura en su acento
cuando, al fin, me contesta:
–Porque
estábamos en vísperas de elecciones…
Celulares
y millones
Ya
que hablamos del tema, déjenme contarles que a mediados del mes pasado, cuando
se acercaban las recientes elecciones regionales, numerosos usuarios de
teléfonos celulares descubrieron alarmados en varias ciudades del país,
empezando por Bogotá, que les pedían su voto a través de llamadas y hasta les
ofrecían dinero por él.
No
se trataba solamente de un terrible delito penal, y de un monstruoso golpe
contra la ética pública, sino también de una violación de su derecho a la
intimidad.
Los
usuarios nunca pudieron saber quién les había suministrado sus números y sus
nombres a los que llamaban.
La
corrupción electoral en este país es cada año peor. La compra de votos, por
ejemplo, se inició en la región Caribe, aunque nos duela admitirlo a quienes
somos oriundos de esa zona, pero ya hizo metástasis en todo el cuerpo de la
nación. Se regó como un cáncer.
En
Medellín, según el relato que me hizo un candidato al Concejo, el 25 de octubre
pasado costaba 330 millones de pesos la elección de un modesto edil de barrio.
¿Cuánto
vale, entonces, la de un senador?
En
Barranquilla, quince días después de las elecciones, la Fiscalía tuvo que
decomisar 45 computadores de los escrutinios para investigar si es cierto que
hubo fraude.
La prensa
La
degradación política está llegando a tales extremos que en algunas regiones de
Boyacá y el Valle del Cauca se descubrió que ciertos candidatos ya no se
conforman con comprarle su voto al elector, sino que, además, ahora compran por
paquete entero a los jurados de una mesa de votación para que cambien los
resultados en los formularios que llenan.
A
todas estas, y ante semejante panorama, ¿cómo reacciona la prensa, que es el
único guardián que le queda al manicomio? La revista Semana, en una crónica que
no lleva firma, hace un cálido elogio de las victorias obtenidas por el
vicepresidente Vargas Lleras y su partido Cambio Radical en el Caribe.
Transcribo el comentario textualmente:
“Que
un cachaco triunfe en esa zona no es poca cosa. Obviamente esas victorias se
basaron en uno que otro aval cuestionable y algunas transacciones poco éticas.
Pero en el mundo de la política las cosas funcionan así. Y aunque los votos son
más de maquinaria que de opinión, eso le da más solidez a la victoria de
Vargas, pues la opinión cambia y la maquinaria, cuando está aceitada, repite”.
Al
terminar esa lectura me quedé pasmado. ¿De modo que ahora las martingalas
electorales merecen aplauso porque lo importante es ganar, no importa cómo?
¿Y,
por el contrario, desprecian a la opinión pública frente a lo que ellos mismos
llaman “maquinaria aceitada”? ¿Aceitada con qué? ¿Y por quién?
El
caso de los investigadores
Antes
de que la frenética velocidad de la corrupción cambie de tema, voy a mencionar
el horripilante descubrimiento hecho por los reporteros de la Unidad
Investigativa de este periódico.
Funcionarios
de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de
controlar a fabricantes y vendedores, se peleaban las investigaciones para
establecer si los empresarios habían cometido atropellos contra su clientela.
En un dos por tres condenaban a las víctimas aunque no hubiera motivos.
En
seguida renunciaban a sus cargos, fundaban falsas organizaciones cívicas con un
supuesto carácter humanitario, demandaban a las empresas por miles de millones,
basándose en los fallos que ellos mismos habían preparado, y se embolsillaban
esa plata, haciendo creer que era para indemnizar a la comunidad afectada con
los abusos imaginarios.
Epílogo
Como
si todo eso fuera poco, la escandalosa estafa de Interbolsa está a punto de
quedar en la impunidad, lo mismo que el saqueo cometido con el ‘carrusel’ de contrataciones
en la Alcaldía de Bogotá. Ni hablemos de la salud o las escuelas.
Varios organismos
internacionales nos han advertido que el mayor obstáculo para invertir en
Colombia es la corrupción. Un exministro me dijo en cierta ocasión, con
desconsuelo, que “el mejor negocio de Colombia es el Estado”.
Ya sabemos que aquí no hay
justicia. Pero lo cierto es que tampoco se aplica la sanción social: los
ladrones andan por la calle, se codean con la clientela en los restaurantes más
lujosos, todo el mundo les da la mano, almuerzan en los clubes sociales, van a
cocteles, sonríen en las fotos de las páginas sociales. Y, mientras tanto, la
corrupción destruye lo que nos queda de país.
La semana pasada,
conversando por teléfono, un amigo bogotano me dijo, sin ninguna pizca de
humor: “Qué agradable era este país cuando los únicos que robaban eran los
ladrones”.
JUAN
GOSSAÍN
Especial
para EL TIEMPO
